En la posición 217 del ranking nacional de valores catastrales realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se ubicó San José del Guaviare, con un avalúo de $337 mil millones, 3,07 por ciento más que en la vigencia pasada, cuando la cifra fue de $326 mil millones.
85,9 por ciento de este valor corresponde al avalúo de las zonas urbanas y 14 por ciento al de las rurales.
San José del Guaviare llegó a 15.791 predios, de los cuales 256 se conformaron recientemente. En cuanto al área construida sumó 907.527 metros cuadrados (3.611 nuevos).
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), si alguien quisiera y pudiera comprar todo el territorio colombiano, debería tener la “módica” suma de $1.329 billones.
Así lo revela la entidad en su más reciente estudio sobre el estado catastral de los 1.122 municipios, corregimientos y ciudades del país, el cual a su vez indica la presencia de 18,8 millones de predios y más de 1.424 millones de metros cuadrados de área construida.
Los 20 sitios que más aportaron a este avalúo fueron: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Envigado, Santa Marta, Villavicencio, Chía, Manizales, Tunja, Valledupar, Montería, Palmira, Floridablanca y Pasto.
Panorama departamental del Guaviare
El análisis del IGAC indicó que el departamento del Guaviare ahora presenta un valor catastral de $420 mil millones, 23.809 predios y 1,2 millones de metros cuadrados construidos.
Los avalúos de sus cuatro municipios fueron los siguientes: San José del Guaviare ($337 mil millones, El Retorno ($47 mil millones), Calamar ($19 mil millones) y Miraflores ($15 mil millones).
Un lunar en el departamento es la desactualización catastral. De los cuatro municipios, incluida la capital, todos se encuentran sin formación catastral en sus zonas rurales, mientras que en lo urbano están desactualizados desde 2009.
Según Jairo Alexis Frías Peña, Director Territorial del IGAC en Meta con jurisdicción en Guaviare, la actualización catastral se debería hacer por lo menos cada cinco años. “Al no realizarla, los municipios dejan de percibir recursos para realizar inversiones en proyectos sociales, económicos y ambientales. Sumado a esto, no se conoce con exactitud la cantidad de predios y el área construida, lo que evita poner en marcha un ordenamiento territorial efectivo”, puntualizó.
