En control político realizado hoy por parte de los diputados a la Empresa de Servicios Públicos Acuatodos E.S.P, el gerente de la entidad, Jhon Miller Domínguez Liévano, dio a conocer en su informe que el 90 por ciento de los acueductos veredales, están en abandono y que es responsabilidad de las Administraciones Municipales definir la operación de los mismos.
Destacó el gerente de la entidad que alrededor de 220 acueductos de las áreas rurales, (por recursos que superan los 300 mil millones de pesos) no estarían operando normalmente y que como consecuencia de ello, se ha generado un detrimento patrimonial.
Frente a esto, el presidente de la Asamblea, Homero Abril Hurtado, indicó que los alcaldes deberían entregar la operatividad o a través de un convenio requerir a Acuatodos apoyo técnico y de estructura de esquema tarifario, a fin de garantizar la funcionalidad del sistema. “No hemos recibido ni un solo proyecto, iniciativa o requerimiento por parte de ellos” señaló Domínguez Liévano.
El presidente de la DUMA manifestó no estar de acuerdo con que se deje la operación de acueductos veredales en manos de las Juntas de Acción Comunal. Estas personas no cuentan con la idoneidad y no poseen los recursos para cuando se necesite algún tipo de mantenimiento o reparación”.
Por su parte, el diputado Manuel Albarracín resaltó que, teniendo en cuenta que casi el 70 % de las cabeceras municipales del Departamento no cuentan con el servicio de agua potable y un 90 %, no cuenta con sistema de aguas residuales, se debería reforzar y trabajar en un diagnóstico más preciso, en aras de contar con un cubrimiento y un procedimiento efectivo.
Entre tanto, los diputados Felipe Becerra y Jaime Montañez coincidieron en solicitar al gerente de esta entidad, el ajuste de los subsidios tarifarios para beneficio de los sectores rurales.
Los Corporados elevaron la petición a los alcaldes y al gobernador para que realicen un trabajo conjunto. Destacaron el hecho de que a través de su actividad misional, la empresa haya manejado recursos por alrededor de los 216 mil millones de pesos y concluyeron que aunque la entidad ha demostrado viabilidad financiera, la misma debe tener un capital autónomo para garantizar su continuidad.
