Se trata de la líder social, Marina Gómez, quien denunció ante la opinión pública, comunidad internacional y a las autoridades del Estado de las amenazas donde le exigen que abandone el municipio de El Castillo, departamento del Meta.
La denunciante señala que Siendo las 6:50 pm del día 19 de septiembre de 2018, estando en su casa en el casco urbano del municipio de El Castillo recibió una llamada amenazante en donde le dicen “oiga, póngale mucho cuidado a lo que le voy a decir, tiene 72 horas para salir del municipio, cuente bien, 72 horas para salir del municipio, eso le pasa por sapa, usted va a ser la próxima”
Al intentar hacer la denuncia en la estación de policía del municipio (al no tener oficina la fiscalía) el sub intendente Cárdenas se negó reiteradamente a recibir la denuncia de la amenaza, manifestando que este hecho “no era importante” y que le recibirían la denuncia después de tres días. Se requirió la intervención del personero del municipio para que recibirá la denuncia a disgusto del suboficial de policía.
La denunciante, Marina Gómez es una líder social y víctima del conflicto armado, que ha venido trabajando por la memoria histórica del municipio y los derechos de las víctimas del conflicto armado desde el Comité de Memoria y Veeduría a los procesos de reparación (del que forman parte la parroquia san Antonio María Claret, de Medellín del Ariari), la mesa municipal de participación de víctimas, la Asociación de desplazados del municipio El Castillo. También se encuentra organizada en la Cooperativa de Transportadores del municipio del Castillo.
Gómez es viuda y madre de tres hijos y a su cargo está la crianza de dos nietas. Ante las amenazas, la señora Marina Gómez teme por su vida y la de los miembros de su núcleo familiar.
Había participado durante el día en una reunión que diversa organizaciones sociales y ambientales del municipio del Castillo con la Defensoría del Pueblo y Pastoral Social de la diócesis de Granada, en la planeación del cuarto foro regional del Ariari sobre conflictos socio ambientales, derechos humanos y soberanía territorial en el que participaran 19 municipios del departamento del Meta.
El trabajo de los líderes sociales en el municipio El Castillo, como en el país, no tiene plenas garantías y se ejerce a cuenta y riesgo de ellos mismos, señala en la denuncia.
