Imputado alcalde de San Vicente del Caguán (Caquetá) por presuntas irregularidades en la contratación de mercados para población vulnerable durante la emergencia sanitaria

En el marco de la estrategia Transparencia para la emergencia, la Fiscalía judicializó al alcalde de San Vicente del Caguán (Caquetá), Julián Alfredo Perdomo Losada; la secretaria de Inclusión Social, Lina Julieth Osorio Alonso; y el contratista Jairo García Oliveros, por presuntas irregularidades en contratación.

El ente acusador les imputó cargos a los hoy investigados por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de coautores; peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Entretanto, a García Oliveros, además de los dos primeros delitos, el peculado en calidad de interviniente, se le endilgó el punible de falsedad en documento privado en calidad de autor. Ninguno aceptó los cargos.

La investigación se relaciona con las múltiples irregularidades detectadas en el trámite de un contrato que tenía como fin abastecer a comunidades vulnerables de mercados con los productos básicos de la canasta familiar.

Un fiscal de la Seccional Caquetá, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, evidenció que, entre el 19 de marzo y 30 de abril de este año, los servidores públicos al parecer obraron indebidamente en provecho de un tercero para que se le adjudicara el contrato de compraventa N° 122 de 2020, cuyo fin era la adquisición de 2.142 mercados (cada uno por $56.000), para la población vulnerable del municipio.

Tal contratación, por valor de $119.952.000, que tendría que ejecutarse en 21 días hábiles, debía satisfacer y garantizar la seguridad alimentaria en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia.

Tanto el burgomaestre como la secretaria intervinieron en razón de sus cargos y sus funciones en la etapa de tramitación y celebración del mismo. Sin embargo, los investigadores descubrieron que ambos le habrían solicitado al contratista García Oliveros, que presentara tres cotizaciones, sugiriéndole en la de su negocio un precio favorable para adjudicarle el contrato, como en efecto sucedió.

De esta manera se presume que se vulneraron los principios de selección objetiva y transparencia, pues ambos funcionarios eran conscientes del interés indebido a favor del contratista.

En un segundo aspecto se logró detectar un posible sobrecosto en los precios de los alimentos contratados para los más de 2000 mercados, por la suma de $4.657.278; dinero del cual se habrían apropiado.

Igualmente, los peritos de la Unidad de Administración Pública del CTI de la Seccional Caquetá encontraron que 301 mercados de los 2.142 contratados no fueron entregados, avaluados en $6.856.000, dinero del que al parecer también se apoderaron.

Por otra parte, se logró determinar que, en marzo pasado, el contratista supuestamente falsificó una de las cotizaciones diferente a la de su negocio, firmando a nombre de otra persona por valor de $ 58.000 por mercado. Esto, con el fin de cumplir con unas de las tres cotizaciones que le habrían pedido los funcionarios como requisito para la adjudicación del contrato, y que así la suya fuera la de menor costo.

Finalmente, los servidores públicos extendieron actas de base de datos de entrega de ayudas humanitarias de la Alcaldía municipal de San Vicente del Caguán, donde consignaron que 301 personas recibieron mercado, lo que jamás sucedió.

Estos resultados hacen parte de la política institucional “En la calle y en los territorios”, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha contra la corrupción.