La Policía Metropolitana de Villavicencio realizó la captura mediante orden judicial de una persona por el delito de secuestro Agravado y trafico fabricación y porte de armas de fuego.

El procedimiento de captura se realizó mediante actividades de registro y solicitud de antecedentes en toda la comuna No.4 sector barrio las Ferias, hasta donde unidades de vigilancia llegaron para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana, logrando dar con la captura de un hombre de 46 años, residente en Ibagué, a quien le figura una solicitud judicial por el juzgado tercero penal del circuito de Villavicencio por los delitos de secuestro agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Cabe resaltar que este sujeto estuvo implicado en el secuestro del menor de edad en Acacias Meta aproximadamente hace un año, el cual fue rescatado por el Gaula de la Policía Nacional.

El capturado fue presentado ante la autoridad solicitante por el delito de Secuestro Agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones, donde un juez en audiencia preliminar determinó su reclusión en centro carcelario y penitenciario.

El secretario de Gobierno, Gerardo León Mancera Parada, que presidió el Consejo de seguridad departamental ampliado cumplido en Granada, agradeció a todos los asistentes su participación y compromiso, y reconoció el trabajo adelantado por la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, así como el acompañamiento permanente de la Fiscalía y la Procuraduría frente a las dificultades de toda índole en los territorios.

Recalcó que a raíz de estos encuentros y de la labor articulada, la seguridad en los municipios ha mejorado, sin desconocer que se siguen presentando problemas como extorsión, microtráfico y homicidios, que entre todos se deben enfrentar. El funcionario departamental reiteró a los alcaldes que desde la Gobernación del Meta existe toda la disposición de seguir trabajando y los invitó a contar con la institucionalidad.

Por su parte el brigadier general Ramiro Castrillón, comandante de Policía Región No. 7, señaló que brindarán todo el apoyo a través de los programas del plan choque ‘El que la hace la paga’ y ‘Seguridad con legalidad’. “Me agrada mucho ver el cambio que ha tenido la región del Ariari en materia de seguridad”, indicó el oficial.

Óscar Amaya, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana de Granada, destacó el respaldo del Gobierno departamental y la fuerza pública para aumentar la seguridad con estrategias que recuperan la confianza y garantizan la efectividad en los operativos, y aplaudió el anuncio del Gobernador (e) sobre los recursos asignados mediante el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), para el mantenimiento de las 26 cámaras de seguridad que darán tranquilidad a los comerciantes granadinos.

El jefe del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’ reorganizó y designó nuevos dirigentes locales en Mesetas que fue en su momento la Zona Veredal más grande del país

El nuevo comandante de dicho Espacio Territorial es Geovany Méndez, quien había llegado a reemplazar a Cipriano González, luego de la salida de Aldinever Morantes cuyo paradero es desconocido.

En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez de Mesetas, Meta, se encuentran actualmente 292 excombatientes de los más de mil 300 que llegaron en 2016, cuando inició el proceso de paz.

Durante la Asamblea de las Farc en Mesetas también designó a Martin Boyaco y Yurleny Romero como jefes del área de trabajo, a Yesenia Giraldo como jefe de personal, a Diego Gutiérrez jefe de finanzas, a David Salazar jefe de educación, a Rodolfo Fierro de organización, a Yolima García de comunicaciones y en atención de personas que visiten el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Jimena Cruz.

El máximo jefe de las Farc llegó a esta región del país, luego de que se conociera que desde hace varias semanas no se reportan en las Zonas de Reincorporación de Buena Vista en Mesetas y de Playa Rica en La Macarena Meta, los excombatientes de las Farc, Aldinever Morantes e Iván Olivo Merchán Gómez, quienes eran sus comandantes.

La información de su llegada al Meta se unió con la advertencia sobre la salida de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de estos mandos medios, sobre quienes las autoridades como la Gobernación del Meta, a través de Andrés Jaramillo, delegado para las Zonas de Reincorporación y la Policía con su comandante, el coronel Nicolás Alejandro Zapata aseguran no tener información oficial sobre estas salidas.

Pese a que estas autoridades aseguran que las zonas en el Meta están funcionando dentro de lo previsto por el Gobierno Nacional, en otros sectores de la población se advierte que se fueron de estos lugares al parecer por los incumplimientos, en lo acordado con el Gobierno Nacional después de la firma de los acuerdos de paz.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al ex alcalde de Granada (Meta), Jaime Alexander Guzmán Rojas, y 12 concejales de ese municipio, por presuntas irregularidades en la suscripción del contrato de permuta del predio donde funciona la cárcel.

La decisión también cobijó a los concejales Rubén Darío Poveda Gómez, Jhon Fredy Muñoz Enciso, Fabio Alexis Montoya Toro, José Alfredo Arias Delgado, Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, Duván Mauricio Roa Cruz y Juan Carlos Sánchez Díaz, y a los concejales para el periodo 2012-2015, Diana Carolina Gómez Serna, Édgar Yobani León Ángel, Edilberto López, Luis Alberto Montilla Camacho y Ruber Ortiz Olarte.

Al mandatario en un primer cargo, se le cuestionó por, presuntamente, haber utilizado argumentos inexistentes en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para inducir al concejo municipal, a que le otorgara facultades para suscribir un contrato de permuta del predio urbano donde funciona la cárcel, por otro ubicado en un sector rural, cuya vigencia se extiende hasta el 2019.

En segundo lugar, se le reprochó que esta iniciativa hubiese sido votada de forma negativa en septiembre de 2015 y, una vez más, hubiese sido presentada y discutida en diciembre del mismo año, al parecer, quedando aprobada sin un soporte que permitiera establecer que para construir la nueva sede carcelaria se contaba con apropiación presupuestal y sin contar con estudios técnicos ni de factibilidad.

Para el ente de control no sería aceptable que, el 29 de diciembre de 2019, el municipio deba entregar las instalaciones donde funciona la cárcel, o en su defecto, asumir el pago del valor de la cláusula penal pecuniaria pactada por $100 millones de pesos, en caso de incumplimiento.

Con su conducta el entonces mandatario habría podido transgredir el artículo 288 de la Ley 599 de 2000 que dispone que “(…) el que para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años”.

A los concejales y ex concejales se les investiga porque, al parecer, habrían omitido verificar el contenido del proyecto de acuerdo que les fue presentado para deliberación con el objeto de que no contraviniera otra disposición, y votaron positivamente para aprobar el acuerdo por medio del cual autorizaron al alcalde para suscribir el cuestionado contrato de permuta.

Con este comportamiento los concejales habrían desconocido que en ninguno de los apartes del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Granada (Acuerdo 014 de 2011), se tenía previsto proyecto alguno que recayera sobre la intervención, reubicación o enajenación del predio e instalaciones donde funcionaba la cárcel municipal.

Provisionalmente las faltas endilgadas al entonces alcalde fueron calificadas como gravísima y grave a título de dolo, mientras las de los concejales y ex concejales fueron consideradas como graves a título de culpa.