Personal de la Estación de Policía Yopal, lograron la captura de seis personas por el delito de hurto.
Mediante la realización de controles especiales con el propósito de contrarrestar el abigeato en el departamento, se capturó a seis hombres en el sector de la vía Mate pantano con calle 40 de Yopal, los cuales se transportaban en dos vehículos.
Al practicar el respectivo registro, al interior de una turbo NPR se encontró 450 kilos de carne de res correspondiente a 03 novillas avaluadas en 4 millones 500 mil pesos, además de varios elementos con los cuales habrían cometido el ilícito en una finca de la vereda Caño Seco jurisdicción del municipio de Yopal.
Los detenidos por el delito de hurto bajo la modalidad de carneo junto con los vehículos inmovilizados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su respectivo proceso judicial.
La Fiscalía Seccional Meta presentó acusación contra Cristian Alexander Navarro Gutiérrez, como presunto responsable de la muerte de Dayana Prieto, de 18 años de edad, ocurrida en diciembre de 2017, en Guamal (Meta).
Los hechos que la Fiscalía atribuye al procesado están relacionados con el ataque del que fue víctima su excompañera sentimental y madre de su hija de apenas 18 meses de nacida. Al parecer, la mujer terminó la relación que sostenía con Navarro Gutiérrez, y no quería reanudarla ante la permanente persecución e insistencia.
Las evidencias recaudadas por la Fiscalía indican que la joven fue interceptada por su expareja luego de cumplir su jornada laboral en una empresa petrolera de Guamal (Meta), sus familiares la reportaron como desaparecida y, finalmente, fue encontrada muerta tres días después en una alcantarilla y con signos de tortura.
Cristian Alexander Navarro Gutiérrez podría enfrentar una condena de 41 a 50 años de prisión, por feminicidio agravado.
La Fiscalía Seccional Meta logró la legalización de captura e imputó a cuatro personas que habrían participado en hechos ocurridos entre 2015 – 2016, en área rural de Acacías (Meta).
Al parecer, los hoy procesados asaltaron en siete oportunidades a sus vecinos, dueños de una finca en la que presuntamente estaban interesados. De acuerdo con los testimonios, los delincuentes ingresaron a la vivienda con la cara oculta, golpearon a los ocupantes y les robaron diferentes elementos de valor y dinero.
Las victimas denunciaron que en otras oportunidades fueron interceptadas y amenazadas para que no regresaran al predio que, en algún momento, el padre de uno de los señalados agresores intentó comprar sin éxito.
Los indiciados fueron identificados como: Vladimir Alexander Camacho Rondón, propietario de un hotel de Villavicencio; y su cuñado Germán Andrés Quintero Pachón; Nelson Sánchez Garzón y Manuel Stiven Salgado Acosta.
A estas personas la Fiscalía les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, amenazas, hurto calificado y agravado, lesiones personales en concurso heterogéneo, los cuales no fueron aceptados.
Los hoy procesados fueron capturados por la Policía Nacional en diferentes diligencias de registro y allanamiento, en las que se incautaron las tres armas de fuego que habrían sido robadas en la finca de las víctimas.
En las próximas horas, el Juzgado 6° Penal Municipal de control de garantías resolverá la situación jurídica de los cuatro hombres.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años y tres meses al presidente de la Asamblea Departamental del Guaviare, Ómar Enrique Fernández Arias; al primer vicepresidente, Héctor Raúl Aldana Castañeda y al segundo vicepresidente, Porfilio Murillo Ramírez, por irregularidades en la convocatoria para proveer el cargo de contralor departamental del Guaviare.
En el mismo fallo, el órgano de control suspendió por tres meses a los diputados Arcesio Sanabria Gutiérrez y Alonso Alexander Cifuentes Hoya.
El Ministerio Público estableció que los disciplinados presentaron una proposición ante esta corporación y la votaron positivamente, a fin de otorgar facultades a la mesa directiva para realizar una segunda convocatoria dirigida a elegir al contralor para el período 2016-2019, a pesar de conocer una lista de candidatos ejecutoriada y en firme, establecida mediante Resolución 012 del 31 de diciembre de 2015.
Con este actuar los miembros de la mesa directiva violaron el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por encuadrarse como delito de prevaricato, consagrado en el artículo 413 del código penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011.
La Procuraduría demostró que los funcionarios vulneraron bienes jurídicos de particulares, como lo es el acceso al cargo de contralor departamental, y el acto administrativo donde se les declaraba elegibles para el cargo en el cual concursaron.
Las faltas de Fernández Arias, Aldana Castañeda y Murillo Ramírez fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo y las de Sanabria Gutiérrez y Cifuentes Hoya como graves, cometidas con culpa gravísima.
Esta decisión de primera instancia dada a conocer en audiencia pública y apelada por los disciplinados, fue adoptada en la Sala Territorial Disciplinaria integrada por los procuradores regionales del Meta y Guaviare. El recurso interpuesto será resuelto por la Procuraduría I Delegada para la Vigilancia Administrativa.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Jhon Jairo Torres Torres, en su condición de alcalde de Yopal, Casanare, por presuntas irregularidades en la celebración del convenio 010 de 2016, por más de $3.086 millones de pesos, para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE – en el municipio.
También se formuló pliego de cargos al entonces secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya Estepa, quien suscribió los estudios previos del proceso contractual.
Se les reprocha haber entregado de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas el convenio de asociación 010 de 2016, sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.
Para el Ministerio Público con su actuar el alcalde Torres Torres y el secretario Montoya Estepa habrían vulnerado el principio de la transparencia y el deber de selección objetiva del PAE, que en 2016 cobijaba a 16.000 alumnos de 23 instituciones.
En el caso del alcalde Torres Torres señala la Procuraduría que en “su condición de Alcalde de Yopal, participó en la actividad contractual al parecer conculcando el principio de transparencia, el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir la resolución No. 020 de 2016, por valor de $3.086.624.854, desconociendo que el objeto y las obligaciones materia del citado convenio correspondían a un contrato de suministro, que tendría por finalidad satisfacer una necesidad de la entidad territorial”.
La falta de los dos funcionarios fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
Seis personas resultaron heridas tras la explosión ocurrida en funeraria Jardines de Paz, hacia las 7:15 de la noche de hoy miércoles 18 de abril, en Florencia. Cuatro fueron traslados al hospital Maria Inmaculada de Florencia por ambulancias de S.O.S Medical Services. Dos están en la clínica Medilaser.
La fuerte explosión alteró el orden en la capital del Caquetá. Las autoridades judiciales confirmaron que dos personas que se movilizaban en motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo improvisado a las instalaciones de la funeraria Jardines de Paz, donde era velado el cuerpo de una señora y se encontraban al menos 35 personas. Por ahora hay varias hipótesis sobre los móviles del atentado.
El comandante de la Policía Caquetá, Coronel Javier Navarro, aseguró que «por fortuna no hubo víctimas fatales y los seis heridos son leves por las esquirlas de los vidrios y los daños materiales no son representativos. Mañana se hara un consejo de seguridad para analizar y revisar este hecho”.
“Es prematuro hablar de los autores o motivaciones pero hay información que apunta a un caso que ya estamos investigando”, manifestó el alto oficial.
El Coronel Navarro Ortiz señaló además “Hasta el momento no tenemos informacion de amenazas o extorsión contra el establecimiento pero no descartamos ninguna hipótesis”
Se trata de un artefacto de bajo poder, improvisado, con sistema de activacion con mecha de seguridad ya que fue lanzado por dos personas que llegaron al lugar y arrojaron el artefacto pero ya se está trabajando en la individualización”, puntualizó el Comandante de la Policía en Caquetá.
El director seccional de Fiscalías, Alexander Bermeo, también llegó al lugar del atentado y se refirió al hecho “estamos trabajando de manera articulada con la Policía para buscar evidencias que permitan avanzar en la investigación”.
El hecho generó un gran impacto pero el parte de las autoridades es de tranquilidad, al aporte de información y a estar alertas a cualquier situación fuera de lo normal.
Identifican a las personas asesinadas en la vía a San Vicente.
El trabajo judicial realizado por el CTI de la Fiscalia y la Policía en el sitio donde fueron asesinadas con arma de fuego tres personas, en la vía que de Puerto Rico conduce a San Vicente del Caguán, permitió identificar a las tres las víctimas, una de ellas menor de edad.
Se trata de Luis Pachón Bello de 47 años y Karol Julieth Londoño Trujillo de 14 años, la tercera víctima es Freiman Durley Gómez de 40 años, quien quedó a pocos metros del vehículo, no fue identificada inicialmente porque estaba sin documentos al momento de la inspección técnica por parte de las autoridades, horas después se estableció su identidad.
El triple homicidio ocurrió hacia las 6:00 de la tarde del martes 17 de abril en el kilómetro 14 del tramo Puerto Rico – San Vicente del Caguán, la información se conoció través de la redes sociales porque decenas de personas que transitaban por esta carretera en el norte del Caquetá, se acercaron hasta el vehículo tipo Vitara de placas WCL 120 de Bogotá, tomaron fotos y confirmaron que se trataba de un atentado con arma de fuego contra sus ocupantes, inicialmente se pensó que eran dos los muertos, sin embargo al llegar al sitio las autoridades, se confirmó que había una tercera víctima, cuyo cuerpo quedó a pocos metros del automotor.
Minutos después llegaron al sitio integrantes del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico quienes fueron alertados de un posible accidente, ya que el vehículo quedó a un lado de la vía, los voluntarios luego de arribar al sitio y hacer la verificación correspondiente, establecieron que se trataba de un hecho violento y se retiraron del lugar para facilitar el trabajo de las autoridades judiciales.
Durante varias horas el personal de la Fiscalía y la Policía trabajó en el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de material que permita avanzar en la investigación.
Los tres cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Florencia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) radicó ante la Fiscalía una denuncia por el delito de abuso de confianza calificada
contra un operador de servicios en 9 municipios de Casanare.
La Directora del ICBF Regional Casanare, Yenny Grisela Rincón Serna, informó que el operador denunciado es la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Social (Funcode) quien prestaba servicios en Yopal, Villanueva, Monterrey, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Trinidad, Támara, Sácama y La Salina.
Ayer los equipos de supervisión del ICBF encontraron que este operador había desocupado sus oficinas e instalaciones alzandose con la suma de 500 millones de pesos, además que habían presentado soportes adulterados del pago de nómina del último mes. La Fundación para la Cooperación del Desarrollo, era la encargada del contrato que soporta los CDI del ICBF al norte del departamento
Según Rincón Serna, para el ICBF, lo más importante son los niños, niñas y adolescentes que son atendidos, por lo tanto adelanta las gestiones pertinentes para garantizar la continuidad de los servicios.
La Secretaría de Obras de Yopal, esta semana continúan las labores de reparcheo en toda la ciudad, en respuesta a los compromisos adquiridos previamente por la administración municipal con los líderes de las diferentes comunas.
Hoy, en horas de la mañana una cuadrilla conformada por 15 obreros llegó hasta el barrio 20 de Julio, para realizar labores de reparcheo sobre la capa asfáltica de la calle 30 con carrera 18 esquina, sector crítico donde ya se habían presentado varios accidentes por el mal estado de la vía.
El secretario de obras del municipio Guillermo Alberto Pérez Torres, manifestó “que estos trabajos se adelantan gracias al compromiso de la administración municipal en cabeza del alcalde Leonardo Puentes Vargas, quien ha sido enfático en el mejoramiento de la malla vial de la capital casanareña y ha dado directrices claras y específicas para trabajar por la comunidad”.
Por su parte, el presidente de la junta de acción comunal del barrio 20 de Julio, Rigoberto Suárez, quien acompañó la jornada laboral, agradeció a la administración municipal y personalmente al grupo de trabajo presente de la Secretaría de Obras, por la pronta solución a esta problemática que se ha convertido en un dolor de cabeza especialmente cada vez que llueve para los residentes del sector y conductores. “Hacía mucho tiempo que no se le hacía mantenimiento a esta vía, pese a muchas solicitudes que pasé personalmente para la solución a este problema siendo mi barrio uno de los más antiguos de Yopal, pero nunca fui escuchado, hoy gracias a la voluntad del señor alcalde Leonardo Puentes, por fin se hacen los trabajos”, agregó el líder comunal.
De igual manera, el comerciante Orlando Pacheco, también se pronunció respecto al tema, dando gracias en nombre del gremio del sector a la administración municipal por estos arreglos, y dijo que “No recuerda la última vez que se hicieron trabajos de mantenimiento de estas vías, pero que si sabe que son muchos años de abandono por parte de administraciones pasadas, y que ha tenido que ver muchos accidentes por los profundos huecos que existían, siendo testigo de la impotencia de muchos conductores y peatones al no poder hacer nada para solucionar esta problemática, que además los tenía perjudicados a la hora de ofrecer sus servicios”.
Es importante destacar, que los trabajos de reparcheo continuarán esta semana sobre la calle 30 entre carreras 19 y 14, y sobre la calle 40 entre carreras 29 y 19.
En sesión ordinaria número 20, que se extendió por más de ocho horas, diputados realizaron control político a la secretaría de Hacienda y a la Dirección de Tránsito Departamental, con el fin de conocer el panorama financiero del Departamento y las acciones en materia de seguridad vial.
En lo que respecta a la Secretaría de Hacienda, se informó por partedeJulio Molano, jefe de esta cartera, que los recursos con los que cuenta el Departamento para ejecución en proyectos de inversión en 2018 y 2019 es de 257.000 millones de pesos.
Frente a esto los diputados expresaron que el panorama no es muy alentador y que con ese presupuesto difícilmente se podrá dar cumplimiento a las obras que se han anunciado por lo que se reiteró, por parte de los corporados, la priorización de estos recursos a proyectos de inversión neurálgicos para el Departamento.
Adicionalmente, Molano dio a conocer que para 2019 el Departamento ya NO podrá disponer de recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que son dineros con los que se contaban por el orden de los 80.000 millones de pesos al año.
“No sabemos de dónde van a salir recursos para temas como Capresoca, Universidad UPTC en Aguazul, Hospitales, SENA Monterrey , el muro de protección del Cravo Sur y esto no es culpa de la Administración Departamental, sino de los pocos recursos de regalías que le quedan al segundo productor de petróleo del país” expresó el presidente de la Asamblea, Homero Abril.
Los diputados opinaron que la ejecución de los recursos sigue siendo baja y que debe trabajarse urgentemente en ello, en aras de la dinamización de la economía y el desarrollo del Departamento.
En el informe de Hacienda se conoció además que en el cierre fiscal vigencia 2017, el Departamento tuvo un superávit o déficit de $212.241.369.338,51 y que la proyección de recaudo para este año es de $96.964.288.882,92.
En cuanto a la Dirección de Tránsito Departamental, Eliana Muñoz, indicó que una de las acciones que se están llevando a cabo en materia de seguridad vial tiene que ver con el convenio de cooperación entre el departamento de Casanare y la Policía Nacional, para la regulación y control del tránsito y transporte en los municipios de Aguazul, Tauramena, Monterrey, Villanueva, Paz de Ariporo, Pore y Maní.
Los Corporados elevaron las quejas de la comunidad de los diferentes municipios donde se ejecuta dicho convenio, los cuales se ven en “aprietos” a la hora del pago de las infracciones, por lo que en sus jurisdicciones no se cuentan con oficinas o no hacen presencia los bancos donde se deben pagar las multas.
La intervención de la comunidad se enfocó en que dicho convenio es irregular porque se entregó el servicio de parqueadero a particulares, sin la debida licitación pública, y además, porque se establecieron tarifas de grúa y parqueadero sin la aprobación o filtro de los Concejos Municipales.
Los diputados indicaron que se debe revisar bien el tema para tomar alguna decisión y que no hay claridad en cuanto a los recursos del servicio de parqueaderos y grúas donde al parecer gana más el que presta el servicio que la entidad.
Finalmente, resaltaron la reducción de los índices de accidentalidad e instaron a que se evalué la posibilidad de hacer comparendos pedagógicos donde la persona en vez de pagar costos altos, deba realizar trabajos sociales como pintar cebras o arreglar calles.
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