Subcomité de Restitución de Tierras monitorea cumplimiento de órdenes de jueces, en Caquetá.

Con el fin de realizar un monitoreo al cumplimiento de las órdenes impartidas en la primera y segunda sentencia emitida por el juez de restitución de tierras en el departamento, la Unidad de Restitución de Tierras en el Caquetá, realizó un nuevo Subcomité de Restitución de Tierras en el que se verificaron los avances de las instituciones frente a los beneficiarios de esta política en San Vicente del Caguán.

Durante la reunión, que contó con una masiva participación de las entidades involucradas en las órdenes, se estudiaron una a una las sentencias que ya tienen tiempo de cumplimiento para las instituciones. Es de resaltar que, de no cumplirse con las mismas, se incurriría en una falta grave. Los asistentes manifestaron su compromiso con las víctimas y por avanzar en la entrega de los beneficios otorgados por el juez a los restituidos.

Angélica María Rodríguez Cely, directora de la URT en Caquetá, durante su intervención reiteró la necesidad de mantener un diálogo abierto y cooperativo entre las entidades, que garantice la implementación articulada y efectiva de las sentencias de restitución con el fin de contribuir a la consolidación de la paz y el fortalecimiento del posconflicto.
Asimismo, indicó que, desde la URT, junto con la profesional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se ha venido formulando una metodología o ruta de cumplimento de sentencias que garantice la articulación interinstitucional en el departamento y, de esta manera, se institucionalice un funcionamiento operativo, ágil y eficaz en la respuesta de las sentencias, independiente de quienes estén en los cargos o quien haga las veces de enlace de las instituciones.
Dentro de los compromisos pactados están: realizar una mesa técnica para resolver las dificultades que se presentan en la identificación de los predios y una reunión con la Unidad de Víctimas, entidad encargada de liderar la articulación entre las entidades que deben atender y reparar integralmente a las víctimas de despojo y abandono forzado.