Alberto Mariño Samper, gerente de la firma concesionaria Coviandes, afirmó que los derrumbes continuos en el kilómetro 64,   no tienen nada que ver con los trabajos o demoliciones que se vienen realizando en cumplimiento de la doble calzada.

“Nosotros hemos explicado que el kilómetro 64 es un punto que está ubicado en el sector de Los Picos, donde las obras las ejecutó el Invías. Los deslizamientos y derrumbes allí generados no son originados por las voladuras que se hicieron para ejecutar las obras de los túneles”, ratificó el empresario. 

El funcionario explicó dicha situación en un conversatorio que se cumplió en la cámara de comercio donde se quedaron esperando a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, quien tenía previsto desplazarse a Villavicencio vía terrestre, pero los cierres en la vía al Llano impidieron su paso. 

EV noticias y SURAM TV conoció que la funcionaria replanteará la visita a la capital del Meta, donde espera conformar una veeduría ciudadana para vigilar la vía.

Los participantes a la charla sobre la problemática de la vía al Llano criticaron la ausencia de la funcionaria y mostraron su preocupación   por el pago de los peajes tan costosos en la vía al Llano.

En desarrollo del Plan Bolsillos de Cristal para combatir la corrupción, la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un nuevo caso de malversación de recursos que afecta al sector educativo en Villavicencio (Meta), esta vez con la prestación del servicio de Internet que supuestamente beneficiaría a instituciones educativas del municipio.

Mediante labores investigativas coordinadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se evidenciaron posibles irregularidades en la celebración del convenio interadministrativo 0787 del 11 de julio de 2016, entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y Asomaroquia (Asociación Regional de Municipios de Amazonía y de la Orinoquía), por un valor de $1.933’180.217 (mil novecientos treinta y tres millones ciento ochenta mil doscientos diecisiete pesos), de los cuales el municipio aportaba 1.671.299.684 y la asociación $261’880.533.

 El objeto del convenio era precisamente la prestación del servicio de conectividad a 149 colegios oficiales de la capital de Meta, sin embargo, se conoció que se habrían generado presuntos sobrecostos, además de una aparente violación de los principios de contratación estatal, entre ellos los de planeación, transparencia, responsabilidad y objetividad.

La Fiscalía determinó que supuestamente se direccionó el contrato para favorecer a Asomaroquia, aun cuando esta empresa no era idónea para la ejecución de este. Los investigadores establecieron que, para conseguir el propósito, al parecer se falsificaron documentos que acreditaban la experiencia de la compañía, así como los estudios previos.

Por otra parte, se detectó que también se adulteraron firmas de personas con las cuales supuestamente subcontrataron servicios, y los dineros destinados para ello presuntamente terminaron en manos de los investigados, producto de esos falsos contratos.

Con base en estas inconsistencias halladas, el ente acusador estableció la celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, que ocasionó un posible detrimento de $1.266’560.000 (mil doscientos sesenta y seis millones quinientos sesenta mil pesos).

En diligencias judiciales realizadas ayer en la tarde, el CTI de la Fiscalía capturó en Bogotá y Villavicencio a cuatro funcionarios que al parecer están implicados en el fraude.

LOS CAPTURADOS SON:

1. Elmer González González, representante legal de Asomaroquia (Capturado en Villavicencio).
2. Néstor Humberto Romero García, gerente para el Desarrollo de las TIC, adscrito a Asomaroquia (Capturado en Bogotá).
3. Hugo Leonardo Ortíz Cárdenas, ingeniero supervisor por parte de la Secretaría de Educación de Villavicencio y quien además proyectó los estudios previos (Capturado en Villavicencio).
4. Jackelin Casallas Bautista, supervisora de Asomaroquia (Capturada en Bogotá).

Ante un juez de control de garantías de Villavicencio, la Fiscalía les imputará cargos a los detenidos —en calidad de coautores— como presuntos responsables de los delitos de:

– Contrato sin cumplimiento de requisitos legales  Peculado por apropiación  Falsedad ideológica en documento público  Falsedad en documento privado

– Otras tres personas son investigadas por estos hechos, entre ellas, dos ex funcionarios de la Administración Municipal.