Los cierres de la vía Bogotá – Villavicencio debido a la constante caída de material, ocasionada por las fuertes lluvias que se registran en la zona, han provocado que solo lleguen 57 de los 140 vehículos con carga de alimentos que normalmente ingresan en un día de mercado a la Central de Abastos de Villavicencio (CAV).

De acuerdo a Lester Fabián Lozano Casas, administrador general del Centro Mayorista, precisó que la crítica situación que vive esta importante vía, ha obligado a que los transportadores utilicen la vía alterna por la ruta Tunja – Pajarito – Aguazul – Villavicencio, en la que pueden tardan entre 10 a 11 horas en el recorrido y con un inminente riesgo de pérdida o daño de los productos.

“La disminución de un 60% de vehículos con carga de alimentos, también ha generado un considerable aumento en los precios de algunos productos de la canasta familiar como la fresa, que pasó de 40.000 pesos a 45.000 pesos la canastilla, la cubeta de huevos que antes costaba 8.000 pesos ahora vale 9.000 pesos”, sostuvo el gerente de la CAV.

Agregó que, si continúa el cierre de la vía al Llano, la tendencia en alza de precios, como ocurre con la papa pastusa, la cual incrementó un 50% pasando de 40.000 pesos a 60.000 pesos el bulto, así como el banano por guacal que ahora se consigue en 24.000 pesos cuando regularmente cuesta 18.000 pesos.

Finalmente reconoció, el esfuerzo de los comerciantes y transportadores que han arriesgado gran parte de sus productos movilizándose por una carretera que demanda mucho más tiempo y genera mayores gastos de operación, con el fin de abastecer el centro de acopio de Villavicencio.

La Fiscalía décima de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, solicitó a un juez de garantías en puerto López que ordene la suspensión inmediata del actual alcalde de Puerto Gaitán ALEXANDER FIERRO GUAYARA e imponga medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

El funcionario es investigado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado.

De acuerdo con la investigación, a través de actos administrativos, los procesados habrían autorizado avances de dinero para que algunos funcionarios cumplieran diversas actividades, desarrollaran actos públicos como festivales y compraran elementos. Estas actuaciones habrían pasado por alto las normas de contratación pública y, al parecer, no fueron sometidas a procesos contractuales.

El fin de la medida es evitar la obstrucción de la investigación teniendo en cuenta que su investidura podría facilitar torpedear el desarrollo de la investigación representando un peligro para la administración de justicia.

Según la Fiscalía, el procesado no debe acercarse al lugar de trabajo y evitar el contacto con los testigos.