Por recomendación del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), se declaró la calamidad pública, con la cual se busca asignar y gestionar recursos ante el Gobierno Nacional, para atender a más de 4 mil familias damnificadas.
A la fecha, se reportan 250 eventos, discriminados en 162 inundaciones, 56 movimientos de tierra y 32 vendavales. Lo anterior, deja un registro de 4.075 familias damnificadas, 13 puentes afectados, dos víctimas mortales, 226 viviendas afectadas parcial y/o totalmente y un sin número de kilómetros de vías impactadas negativamente en los 19 municipios.
A la situación, se suma que persiste la alerta roja por altos niveles en los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Meta, Pauto, Ariporo y Casanare. Como también, alerta roja, por alta vulnerabilidad de deslizamientos en los municipios de Aguazul, Chámeza, Monterrey Recetor, Támara y Yopal.
Asimismo, las agencias internacionales, alertan sobre la llegada de La Niña, fenómeno que se podría configurar durante los meses de julio y septiembre, con graves repercusiones en todos los sectores.
Bajo este panorama, y por recomendación del Consejo de Gestión del Riesgo, se firmó este documento, que entrega herramientas jurídicas para asignar y gestionar recursos.
