El alto hacinamiento en las penitenciarías del departamento obligaron a las autoridades a no recibir más presos por cuenta de este problema  que supera el 100 por ciento, dado que tiene capacidad para unos 800 y hoy supera los 1.900 reclusos.  

Según Carlos Mora, presidente del sindicato del Inpec en el Meta,  dijo que la medida de no recibir más internos, “está amparada en la sentencia de la Corte Constitucional T7-62 del 2014, en la que se estableció que para bajar los hacinamientos de las cárceles y en aras de no vulnerar los derechos humanos de los presos y de los trabajadores, se debe cumplir la regla de equilibrio decreciente”. Esta regla establece que no se deben recibir más internos de los que salen en libertad la semana inmediatamente anterior.    

“Esto quiere decir que por ejemplo en la cárcel de Villavicencio salieron cinco reclusos la semana pasada, por lo tanto solo se deben recibir cuatro y quien no cumpla esta sentencia, se verá incurso en sanciones disciplinarias e investigaciones penales”, dijo el dirigente sindical del INPEC.

Se conoció que en la cárcel de Villavicencio hay sobrecarga laboral, dado que hay guardianes a los que les toca trabajar hasta 27 horas de corrido, por la misma remuneración.

En Villavicencio hay más de 2000 presos, entre internos y personas brazalete; para quienes el personal del INPEC no alcanza.

Ante esta situación, hay cerca de 300 capturados que están repartidos en las Unidades de Reacción Inmediata del Meta, donde el INPEC no volvió a recibir capturados enviados a la cárcel por los jueces, debido a la crisis por hacinamiento que enfrentan y que supera el 200 por ciento.

El sindicato del INPEC del Meta advirtió que no van a recibir ni un preso más, hasta cuando se resuelva de manera definitiva la situación que enfrenta el sistema penitenciario en el departamento.

Así lo hizo saber la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, durante el taller Construyendo País del pasado sábado en Villavicencio, quien aseguró  que en los próximos días será declarada urgencia manifiesta.

«Al declararla, hay una intervención automática que nos va a auditar todo el proceso, y eso se va a hacer a través del Invías«, afirmó.

La funcionaria también reveló que con el Ministerio de Hacienda analizan la posibilidad de utilizar unos recursos para la intervención de puntos críticos.

«Estamos dando una discusión con Hacienda sobre la posibilidad de utilizar los más de 100.000 millones de pesos que están en los fondos contingentes, pero tenemos la discusión de si los puede liberar ya», añadió la ministra.

Declaró que se han liberado 30.000 millones de pesos para «atacar de manera inmediata dos puntos: el kilómetro 64 y el 46«. Las obras en estos puntos iniciarían sobre el mes de noviembre y serán auditadas por la Contraloría.

Reveló que las vías alternas, como la Perimetral de Oriente, hacen parte de un «análisis integral que será anunciado por el presidente Iván Duque en compañía de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a más tardar el próximo 26 de octubre, a través de una política transversal donde vamos a tener los diagnósticos y el plan de acción para solucionar todos estos temas litigiosos».  De acuerdo con la ANI, en el último año, entre mayo y septiembre, se han registrado más de 188 deslizamientos, 52 pasos alternos y 136 cierres de vía.

La urgencia manifiesta, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, en su artículo 42, es una situación que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a través de acto debidamente motivado.