Ante el cierre de la clínica ESIMED Llanos, el hospital departamental de Villavicencio está lanzó un SOS por  la cantidad de pacientes de Medimás que deben ser atendidos en esta entidad.

EV NOTICIAS conoció que en el Hospital departamental de Villavicencio  hay hacinamiento, congestión lo que ocasiona  traumatismo para atender los pacientes de la  EPS Medimás  que entre otras cosas, no tiene contratada suficiente red de prestadores en el departamento del Meta, lo que tiene colapsado el hospital. 

Los más de  180 pacientes en  urgencias,  han tenido que ubicarse en sillas rimax, porque no hay camillas disponibles , los recursos del hospital  son insuficientes por lo que ha colapsado el hospital.

Así mismo, se conoció que cada  dos horas llegan alrededor de 50 pacientes de Medimás, quienes se suman a los que ya están en sala de espera y que son pacientes de otras EPS.

Las directivas del hospital departamental en Villavicencio, hicieron un llamado al gerente de Medimás, Elkin Silva, para que amplíe la red de prestadores, con el objeto de atender a todos los afiliados, situación que fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Salud.

Medimás tiene en todos los siete departamentos de la Orinoquia más de 300 mil usuarios, que llegan en su mayoría a Villavicencio.

Es de público conocimiento, que  Elkin Silva, gerente de Medimás, fue gerente de Cafesalud, empresa que se fue debiéndole al Hospital de Villavicencio más de 20 mil millones de pesos, por servicios que se prestaron a la anterior EPS y los cuales nunca fueron asumidos. 

Se trata de la líder social, Marina Gómez, quien denunció  ante la opinión pública, comunidad internacional y a las autoridades del Estado de las amenazas donde le exigen que abandone el municipio de El Castillo, departamento del Meta.

La denunciante señala que Siendo las 6:50 pm del día 19 de septiembre de 2018,  estando en su casa en el casco urbano del municipio de El Castillo recibió una llamada amenazante en donde le dicen “oiga, póngale mucho cuidado a lo que le voy a decir, tiene 72 horas para salir del municipio, cuente bien, 72 horas para salir del municipio, eso le pasa por sapa, usted va a ser la próxima”

Al intentar hacer la denuncia en la estación de policía del municipio (al no tener oficina  la fiscalía) el sub intendente Cárdenas se negó reiteradamente a recibir la denuncia de la amenaza, manifestando que este hecho “no era importante” y que le recibirían la denuncia después de tres días. Se requirió la intervención del personero del municipio para que recibirá la denuncia a disgusto del suboficial de policía.

La denunciante,  Marina Gómez es una líder social y víctima del conflicto armado, que ha venido trabajando por la memoria histórica del municipio y los derechos de las víctimas del conflicto armado desde el Comité de Memoria y Veeduría a los procesos de reparación (del que forman parte la parroquia san Antonio María Claret, de Medellín del Ariari), la mesa municipal de participación de víctimas, la Asociación de desplazados del municipio El Castillo. También se encuentra organizada en la Cooperativa de Transportadores del municipio del Castillo.

Gómez es viuda y madre de tres hijos y a su cargo está la crianza de dos nietas. Ante las amenazas, la señora Marina Gómez teme por su vida y la de los miembros de su núcleo familiar.

Había participado durante el día en una reunión que diversa organizaciones sociales y ambientales del municipio del Castillo con la Defensoría del Pueblo y Pastoral Social de la diócesis de Granada, en la planeación del cuarto foro regional del Ariari sobre conflictos socio ambientales, derechos humanos y soberanía territorial en el que participaran 19 municipios del departamento del Meta.

El trabajo de los líderes sociales en el municipio El Castillo, como en el país, no tiene plenas garantías y se ejerce a cuenta y riesgo de ellos mismos, señala en la denuncia.

La devolución del dinero que recibieron como indemnización estas personas tiene enfrentados al representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uzcátegui y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

La historia es que Alirio Uribe, excongresista y cabeza visible del Colectivo, interpuso una demanda contra Uzcátegui por injuria y calumnia, luego de que este último lo acusara de haberse robado ese dinero y no haberlo regresado al Estado.

Debido a que Uscátegui es congresista, el proceso saltó a la Corte Suprema de Justicia, donde ayer jueves se intentó una conciliación entre las dos partes, sin éxito.

Uscátegui insiste en que el Colectivo debe devolver todavía más de 1.000 millones de pesos que se giraron como indemnización a las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán; y Uribe dice desconocer qué pasó con esas devoluciones ya que los últimos cuatro años fue congresista y hasta ahora regresó a la organización.