Ante la presencia de casos de Parotiditis (‘paperas’) en el centro penitenciario de Yopal, la Secretaría de Salud Municipal aclaró que ha tomado las medidas pertinentes de prevención y control de la enfermedad desde la notificación del primer caso, registrado el 2 de marzo, por medio de visitas de inspección y seguimiento que permiten afirmar que el brote está controlado.

De acuerdo con los lineamientos de vigilancia epidemiológica, se brindó capacitación al personal de guardia del establecimiento sobre las causas, forma de transmisión, signos y síntomas de la enfermedad, acompañada de una jornada de aseo y desinfección en las celdas y áreas comunes de los patios; además se realizó el aislamiento de las personas con signos y síntomas de Parotiditis en los patios 1,2 y 4.

El secretario de Salud Municipal, Juan Francisco Amaya, declaró que “junto con la Personería y la Defensoría del Pueblo, vamos a trabajar con las directivas de la cárcel en la implementación de las medidas de control necesarias para evitar un brote mayor”.

A la fecha se han registrado siete casos (lo que representa un bajo porcentaje para la población de internos, cercana a los 1.400), por lo que desde el 14 de marzo se tomó la decisión de no declarar cuarentena, pero sí restringir las visitas de personas de la tercera edad, menores de 5 años y mujeres gestantes a los patios afectados, entre otras medidas de prevención.

Cabe recordar que la Parotiditis es una enfermedad viral y altamente contagiosa porque se transmite por vía aérea. Los síntomas son: fiebre, dolor, hinchazón de glándulas salivales, cefalea y vómito.

En sesión de control político a la Oficina de Vivienda Departamental, los diputados afirmaron que Casanare se quedó corto en temas, tanto de mejoramiento como de  políticas de vivienda nueva, e hicieron un llamado respetuoso a la Administración Departamental para que fortalezca y apoye esta dependencia.  Así mismo, solicitaron que se agilicen las gestiones para que se logren las metas propuestas  en el Plan de Desarrollo y se implementen proyectos de este tipo, para la comunidad más necesitada.

Las principales conclusiones se enfocaron en la petición para que se revise y sea más riguroso el tema de los filtros de las personas que van a acceder a programas de vivienda y que se le dé prioridad a los sectores más vulnerables. De la misma manera, se extendió la inquietud para que a la comunidad que no se les ha cumplido con entrega de un techo donde vivir, se les dé la posibilidad de ser retiradas de las bases de datos, para que vuelvan aplicar a otros planes de vivienda.

“Hay que enfocarse en el tema de vivienda nueva, se reclama celeridad en este asunto porque por ejemplo, el proyecto Marisela, hasta ahora fue presentado. En Paz de Ariporo, tenemos el programa Villa Carito, que a la fecha lo están formulando y del cual solicito más flexibilidad y apoyo de la Gobernación. De igual forma, se le debe apuntar a los mejoramientos de vivienda en sitio propio porque hay mucha comunidad que cuenta con su lote pero no tienen recursos para construir,” dijo el presidente de la Asamblea Departamental, Homero Abril.

Por su parte, los diputados Felipe Becerra Vargas y José Barrera Blanco, coincidieron en realizar la petición para que se tengan en cuenta soluciones para los sectores inundables del departamento. “Hay que pensar en una salida distinta a la reubicación y una opción que podría tenerse en cuenta, es la vivienda palafítica” adujo Becerra Vargas.

Se acordó realizar una mesa de trabajo con los diputados quienes se comprometieron hacer acompañamiento a propósito de las quejas expresadas ante plenaria, donde se reiteró por parte de la comunidad, incumplimiento de compromisos a colectividad de Torres del Silencio; falta de servicio de energía y construcción en zonas verdes de otras viviendas, que según residentes, no estaban contempladas desde un principio en Torres de San Marcos.

Proyecto 003 de 2018 pasó a segundo debate en Comisión de Presupuesto

De otra parte, hoy se llevó a cabo el primer debate en plenaria al proyecto de Ordenanza 003 de 2018, «por medio del cual se concede autorización pro tempore en materia presupuestal al Gobernador del Departamento de Casanare».

El diputado York Cortes, dio ponencia positiva y el mismo fue aprobado con 11 votos, para segunda discusión ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública.

El proyecto busca que le sean otorgadas facultades al gobernador para que, mediante Decreto, se realicen modificaciones al presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del departamento, de la vigencia fiscal 2018.

La ciudad de Yopal se ubica en   la posición 47 del ranking   realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con un avalúo de $2,5 billones, lo cual representa el 4,7 por ciento más que en la vigencia pasada, cuando la cifra fue de $2,4 billones.

El 78,3 por ciento de este valor corresponde al avalúo de las zonas urbanas y 21,6 por ciento al de las rurales.

Yopal llegó a 71.642 predios, de los cuales 5.009 se conformaron recientemente. En cuanto al área construida, la ciudad sumó cerca de 4,3 millones de metros cuadrados (172 mil nuevos).

Según el IGAC, si alguien quisiera y pudiera comprar todo el territorio colombiano, debería tener la “módica” suma de $1.329 billones.

Así lo revela la entidad en su más reciente estudio sobre el estado catastral de los 1.122 municipios, corregimientos y ciudades del país, el cual a su vez indica la presencia de 18,8 millones de predios y más de 1.424 millones de metros cuadrados de área construida.

Los 20 sitios que más aportaron a este avalúo fueron: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Envigado, Santa Marta, Villavicencio, Chía, Manizales, Tunja, Valledupar, Montería, Palmira, Floridablanca y Pasto.

Panorama departamental

El análisis del IGAC indicó que el departamento del Casanare ahora presenta un valor catastral de $5,6 billones, 170.686 predios y 10,6 millones de metros cuadrados construidos.

Los cinco avalúos más altos fueron en Yopal ($2,5 billones), Aguazul ($984 mil millones), Tauramena ($699 mil millones), Maní ($404 mil millones) y Paz de Ariporo ($206 mil millones); y los más bajos en Recetor ($4,2 mil millones) y La Salina ($4,9 mil millones).

Un lunar en el departamento es la desactualización catastral. De los 19 municipios, 17 están desactualizados en sus zonas rurales y urbanas.

Según Niyer Lozano Vallejo, Director Territorial del IGAC en Casanare, la actualización catastral se debería hacer por lo menos cada cinco años. “Al no realizarla, los municipios dejan de percibir recursos para realizar inversiones en proyectos sociales, económicos y ambientales. Sumado a esto, no se conoce con exactitud la cantidad de predios y el área construida, lo que evita poner en marcha un ordenamiento territorial efectivo”, puntualizó.

Tejer relaciones de confianza y respeto entre los colombianos después de un proceso de conflicto armado de más de 50 años de existencia, demanda una nueva mirada. Una mirada de comprensión del otro y la vida que enfrentó; sin juzgar, sin estigmatizar. Una mirada de reconciliación y de optimismo que conduzca a la construcción de un país en el que quepamos todos y en donde sea tranquilo vivir.

Esta es precisamente la tarea que, a través del Modelo de Reintegración Comunitaria (MRC), lidera actualmente la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Normalización (ARN), con el apoyo del Programa de Reintegración y Prevención de Reclutamiento (RPR) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y habitantes de barrios y veredas de Briceño y Turbo en Antioquia, Bucaramanga en Santander, Caldono en Cauca, Cali en Valle del Cauca, Granada en Meta, La Paz en Cesar, Tumaco en Nariño y Riosucio en Caldas.

“El Modelo es un proyecto que facilita espacios de comunicación y convivencia entre personas que pertenecieron a un grupo armado y la comunidad en donde viven o desarrollan alguna actividad económica o social. Así lo demuestran las 150 intervenciones que hemos realizado en estos últimos 11 años. Pretendemos que las comunidades receptoras faciliten la adaptación de los excombatientes a la vida civil y social, mediante estrategias que promuevan la convivencia, construcción de ciudadanía y reconciliación”, aseguró María del Pilar Ruiz Bravo, asesora de Comunidades de la ARN.

Según Camila Sabogal, gerente en reintegración social y comunitaria del Programa Reintegración y Prevención del Reclutamiento de la OIM «para Usaid y OIM es estratégico el fortalecimiento de los proyectos comunitarios como es el Modelo de Reintegración Comunitaria, con un enfoque territorial, donde nos interesa promover cambios en conocimientos, actitudes, creencias y prácticas asociadas con la reintegración de excombatientes; todo ello con la posibilidad de generar espacios de reconciliación y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y de las instituciones locales».

En diversas regiones del país donde reside población reintegrada, que en los últimos 15 años suma 51.000 personas, son evidentes las acciones de rechazo en su contra; además de la estigmatización y la ausencia de espacios de interacción de los participantes del proceso de reintegración y las comunidades receptoras. Es precisamente en estos lugares a donde llega el MRC con procesos de formación en temas como convivencia, reconciliación, cultura ciudadana, democracia participativa, protección de la niñez y emprendimiento.

Posteriormente, los beneficiarios diseñan e implementan juntos un proyecto comunitario en cualquiera de estos tres ejes: asociativo (creación o fortalecimiento de organizaciones sociales), mejoramiento o dotación de espacios físicos o de emprendimiento productivo.

De esta manera, la ARN y sus aliados pretenden que la comunidad quede empoderada y fortalecida, con capacidad para gestionar y generar alianzas que aportan e impulsan la reconciliación social en todo el territorio.