Foto RCN Radio

La Fiscalía General intensificó las labores para terminar de ejecutar las diligencias de embargo de los locales comerciales que hacen parte de la supuesta red de supermercados cuyos propietarios son señalados de ser testaferros de la guerrilla de las Farc.

Fuentes judiciales señalaron que en desarrollo de las diligencias de allanamiento y ocupación fueron decomisados armas, granadas y dinero que se encontraba camuflado en cajas de frutas y otros productos que estaban listos para ser trasladados en camiones.

Como lo informó en primcia RCN Radio, esto operativos se han centrado en la cadena de Supermercados SuperCundi, Merkandrea y Mercafusa, que suman 60 locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocaima y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío(Armenia y Calarcá).

El ente investigador también va tras los bienes de los dueños y socios de estos establecimientos comerciales. Hasta la fecha las autoridades han identificado casas de recreo en los llanos orientales, semovientes y sociedades comerciales valorados en más 650 millones de pesos.

La Fiscalía judicializa a tres de los cuatro hermanos Mora Urrea quien fueron capturados como propietarios de esta red de supermercados, sindicados de ser colaboradores y testaferros de la guerrilla de las Farc.

Testigos clave

La Fiscaía General señaló que para destapar los nombres de estas primeras empresas que estaban al servicio de las Farc fueron determinantes  los testimonios de desmovilizados de la antigua guerrilla.

Esas declaraciones ante los investigadores han permitido a la Fiscalía  identificar una red de testaferros de las Farc que remonta sus orígenes a la antigua zona de distensión del Caguán.

Alexander Ospina Castro, quien fue detenido en el departamento del Meta, admitió haberle quitado la vida a la menor y haber sepultado su cuerpo en zona montañosa de Chía.

La Policía del departamento de Cundinamarca confirmó este martes que fue hallado el cuerpo sin vida de la bebé de cuatro meses que el pasado sábado fue raptada por el sujeto que fue capturado a dos horas de la población de San Carlos de Guaroa, en zona rural del departamento del Meta

El motivo del rapto a la menor fue tras una discusión con su pareja y mamá de la menor, Yudith Pereira, en una vivienda de Chía.  El hombre, procedente de la Costa Caribe, vestía un jean azul desgastado, tenis verde fluorescentes y camiseta gris de manga larga.

Desde el domingo 18 de febrero las autoridades ofrecían Por información que permitiera dar con su paradero por una recompensa de $20 millones.

La búsqueda comenzó en la vereda Cerca de Piedra, cerca al resguardo indígena, lugar en el que vieron al hombre y a la niña por última vez. El sujeto era requerido con orden de captura por ejercicio arbitrario de la custodia.

De acuerdo con el coronel Edwin Chavarro, comandante de la Policía de Cundinamarca, el cuerpo de la menor fue hallado en “un cerro de difícil acceso”

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de la pequeña María José. Sin embargo, su cuerpo fue enviado al Instituto de Medicinal Legal para que se practique la necropsia que determinará la forma en la que fue asesinada.

Según el comunicado: “se le profirió inicialmente orden de captura por ejercicio arbitrario de la custodia”.

No obstante, con el hallazgo de la menor se espera que en las próximas horas la Fiscalía decida los delitos que se le imputarán a Ospina. Aunque el sujeto no era el papá biológico de la niña, legalmente figuraba como su padre.

La Asociación de Educadores  del Meta, ratificó la orden del cese de actividades, argumentando que  el gobierno nacional ha incumplido la  totalidad  de los acuerdos celebrados, y  si bien  la Ministra se reúne periódicamente con el Comité Ejecutivo de Fecode,  no se tramita lo requerido, sino que se alude a minucias que no generan compromiso con los institutores y por ende con la comunidad, con quienes  estudian,  que requieren  solucionar  los graves problemas que se registran , ante la carencia  de  medios para  cumplir los compromisos  y ejercitar  la labor  educativa  que  ordena  la Carta  Fundamental.

Señalan los maestros  que  en materias  de  salud,  se  acomodan  los contratos para la prestación del servicio  que  cada día  es más  deficiente.

También  se quejan  del procedimiento para los ascensos y la reubicación; la jornada  continua, no es garantía  en la forma  como  está concebida; existen  deudas  contraídas; es raquítico  el presupuesto para  el Plan  de  Educación Escolar; el llamado pro0grama Ser Pilo paga es discriminatorio y elitista para beneficio de las universidades privada;  se requiere un mayor  control  sobre los gastos  destinados a la  educación; y se  han mostrado  actos  de corruptela  que  deben superarse y castigar severamente a los responsables.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares a bienes con fin de extinción de dominio avaluados en seiscientos cincuenta mil millones de pesos ($650.000.000.000).

Entre los activos intervenidos por las autoridades, se encuentra una cadena de supermercados y casas de recreo en los Llanos Orientales, semovientes y sociedades en 23 municipios de seis departamentos país.

La Fiscalía General de la Nación, adelantó una investigación que permitió identificar una red de testaferros al parecer al servicio de las Farc, desde la época de la antigua zona de distensión.

El ente acusador identificó a los propietarios de la cadena de Supermercados (SUPERCUNDI, MERKANDREA Y MERCAFUSA) con extensión comercial en 60 locales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).

Los hermanos Norberto, Luis Alirio Mora Urrea, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro.

Los supermercados, habrían servido como red de abastecimiento para la insurgencia, por medio de fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, se caracterizaban por vender productos con precios muy por debajo del valor comercial.

En otro hecho que venía siendo motivo de investigación de la Fiscalía General de la Nación, venía realizando seguimiento a los bienes del extinto jefe guerrillero” El Negro Acacio”, pesar de haber sido abatido en septiembre de 2007, seguían sin haber podido ser identificados e incautados por parte de las autoridades.

Luego de una larga investigación, los activos de este cabecilla fueron objeto de extinción de dominio.
En este caso, la Fiscalía General de la Nación identificó al ciudadano colombo brasilero José Hugo Chaux Cuéllar, su esposa, Luz Stella González Cuéllar, y el hijo de ambos, José Hugo Chaux González, como los propietarios de varios bienes obtenidos con dinero presuntamente entregado por el mencionado jefe guerrillero.

Dentro de los bienes afectados con fines de extinción se encuentran inmuebles ubicados en Bogotá, el departamento del Meta (Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán) y Guaviare (San José del Guaviare), destacándose una casa de recreo avaluada en cerca de cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000).

Asimismo, fueron afectados vehículos, establecimientos de comercio, varias cabezas de ganado bovino y equino. Sus caballos eran campeones de ferias equinas nacionales.

La totalidad de los bienes afectados tiene un valor aproximado de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000), los cuales habrían sido fruto además del presunto tráfico de estupefacientes que José Hugo Chaux Cuéllar mantenía con la entonces guerrilla de las FARC

Los 29 municipios del Meta han registrado 333 incendios forestales, con un aproximado de 18 mil hectáreas consumidas, así lo reveló Reinaldo Romero Silva, coordinador Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En promedio se ha presentado entre 12 y 14 incendios forestales diarios, sin brindar la capacidad operativa para atenderlos de manera inmediata y simultánea por parte del cuerpo de bomberos.

Los municipios más críticos son: Puerto Gaitán, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto López, Barranca de Upía, Cumaral, La Macarena y la zona del Ariari.

“Lo que más preocupa es que la mayoría han sido provocados por quemas indiscriminadas por parte de las personas, debido a la costumbre de los campesinos y agricultores de la región de la quema controlada para cambiar de pastos, pero a veces se salen de control” expresó Romero Silva.

El funcionario hizo nuevamente un llamado a las diferentes autoridades y a la población civil para que ayuden en el tema de no generar más emergencias, producto de la quema de potreros y estar atentos a la más mínima presencia de algún incendio, para alertar de manera oportuna a las autoridades.

La próxima semana la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, se reunirá con los Alcaldes del departamento, para exponerles toda la normatividad, debido que algunos mandatarios locales no han contemplado la tasa bomberil con recursos suficientes para poder atender cualquier emergencia.

Romero Silva, recordó que la próxima semana se estará entregando una dotación a los diferentes cuerpos de bomberos, de elementos de protección personal, consistente en 140 Kits.